• La intervención, realizada en conjunto con la PROFEPA, resultó en el aseguramiento de seis ejemplares de especies protegidas. Las autoridades continúan con la investigación por posibles delitos contra la biodiversidad

Por: Ingrid Scarlet Rubi Resendiz

 

Un tigre de bengala en un fraccionamiento residencial de Zapopan desencadenó un cateo por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) que terminó con el aseguramiento de seis animales en peligro de extinción en el municipio jalisciense.


La denuncia fue recibida por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) en Jalisco, quien remitió la información a la Fiscalía Federal en la entidad, solicitó iniciar la investigación y llevar a cabo la diligencia en mención.

Posteriormente, el Ministerio Público Federal (MPF) adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Jalisco, solicitó la diligencia de cateo para dicho predio, misma que fue ejecutada por la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), con el apoyo de peritos especializados de la institución y personal de la PROFEPA.

Dentro del inmueble, las autoridades localizaron y aseguraron seis animales: un tigre de bengala, dos loros reales, un perico dorado, un cocodrilo moreletii y una pitón bola. Todas esas especies están catalogadas en peligro de extinción conforme a la normativa ambiental federal.

El MPF mantiene abierta la integración de la carpeta de investigación por delitos contra la biodiversidad y los que resulten del proceso. La tenencia de fauna silvestre protegida sin los permisos federales correspondientes constituye un delito grave en México.

¿Qué ocurrió con la fauna asegurada en estos cateos?
Cuando la FGR asegura fauna silvestre en peligro de extinción, los animales quedan bajo resguardo de instancias ambientales y ministeriales hasta que las autoridades determinan su origen y verifican si el poseedor contaba con permisos legales de tenencia.

El destino final de cada ejemplar depende de su estado de salud y de la capacidad de los centros de rescate disponibles. Sin embargo, las autoridades no han brindado más información al respecto.

El antecedente de Otumba: tigres, caballos y autos de colección
El operativo en Zapopan no es un caso aislado. El 1 de mayo de 2026, la FGR ejecutó otro cateo de mayor escala en una finca de la colonia Las Américas, en el municipio de Otumba, Estado de México, en coordinación con la Secretaría de Marina.

Ese despliegue resultó en el aseguramiento de tres tigres —uno de bengala y dos blancos—, 12 caballos de carreras, tres venados, cuatro pavos reales, dos gallos kikiriki, un mono araña, un zorro y varios loros verdes. La variedad y el volumen de los animales encontrados apuntaron a una operación de tenencia ilegal de fauna exótica a escala considerable.

La finca de Otumba también albergaba 10 vehículos y motocicletas de alto cilindraje. Entre los coches destacó un Chevrolet Camaro SS del año 2002, edición 35 aniversario, cuyo valor en plataformas de subastas ha superado los USD 22.000 en años recientes.

Armas, una detenida y la investigación en curso
El cateo en Otumba arrojó además dos cargadores de arma y municiones almacenadas. Las autoridades pusieron todos los indicios bajo resguardo ministerial de forma inmediata.

Una mujer fue detenida durante el operativo y quedó a disposición de las autoridades para que se definiera su situación jurídica. Hasta el cierre de la información, la FGR no había precisado el delito que fundamentó la orden de cateo en ese predio.

La Secretaría de Marina proveyó seguridad perimetral durante toda la operación en Otumba. Los agentes ministeriales y los peritos ejecutaron la orden sin incidentes y con presencia de autoridades locales.

Un patrón que se repite en distintos estados
Los cateos en Zapopan y en Otumba muestran que la posesión ilegal de fauna silvestre protegida no se concentra en una sola región del país. La FGR registra casos en entidades tan distintas como Jalisco y el Estado de México, lo que revela la extensión del problema.

Todos los animales rescatados en ambos operativos quedaron bajo supervisión de instancias ambientales. Las carpetas de investigación permanecen abiertas y los procesos judiciales definirán las responsabilidades penales de los involucrados en cada caso.