El dispositivo de seguimiento telemático que Elvira (nombre ficticio) porta como medida de protección contra su agresor ha sonado hasta veinte veces en un mes. La alarma salta cada vez que él deja que se descargue el dispositivo, cuando él entra en una zona sin señal o en los momentos en los que él se acerca a menos de 500 metros de ella, lo que significa quebrantar la orden de alejamiento.
Los llamados dispositivos Cometa son grandes y pesados, sólo tienen una batería que ni siquiera se puede cargar en el vehículo y apenas consiguen señal en algunas zonas rurales. Esto pone en riesgo a las supervivientes que viven en esas áreas, según ha explicado a Efeminista la presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur) Galicia, Verónica Marcos Arrojo.
Por deficiencias como estas, en 2023 el Ministerio de Igualdad decidió modificar los dispositivos del Sistema de Seguimiento por Medios Telemáticos de las Medidas de Alejamiento en el Ámbito de la Violencia de Género que permiten geolocalizar las 24 horas del día tanto a las víctimas como a los agresores para garantizar que estos cumplen la orden de alejamiento impuesta.
Con la entrada en vigor de la ley del ‘solo sí es sí' se amplió el alcance de esos dispositivos telemáticos para proteger también a las víctimas de violencia sexual.
En España viven 4.637 mujeres con dispositivo telemático que geolocaliza a su maltratador, según el Boletín Mensual Estadístico de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género de enero de 2024. Y desde 2009 se han instalado un total de 16.480.
Las fallas técnicas no ocultan que, aún así, los "dispositivos salvan vidas", asegura Marcos, ya que hasta la fecha ninguna mujer protegida por este sistema ha sido asesinada por su pareja o expareja en España.
Dispositivos más ligeros y modernos
Hasta ahora, la provisión del servicio recaía en la empresa Telefónica, pero desde 2023 son Vodafone y Securitas las empresas que se encargan de su traspaso y renovación, que previsiblemente se completará en los próximos meses, según fuentes de Igualdad.
Entre las mejoras que se introdujeron se incluye la transición a dispositivos más ligeros y discretos, como smartphones, y la incorporación de una aplicación específica con un botón SOS adicional.
Para solventar los problemas con la señal y evitar casos de alerta o alarmas por pérdida de señal, situaciones que provocan altos niveles de estrés y temor a las supervivientes, se utilizará una combinación de GPS y triangulación vía WiFi, además de una tarjeta multiSIM. Asimismo, se permitirá vincular a más de una persona para casos en los que existan múltiples víctimas y múltiples agresores en un único aparato.
El agresor mantendrá dos dispositivos, un teléfono móvil y una pulsera ajustada a la muñeca o al tobillo, para verificar que él porta el dispositivo de control en todo momento.
Mal uso y violencia institucional
Para Marcos, el problema, sin embargo, va más allá de lo técnico. Explica que los agresores lo emplean como "una forma de acoso" cuando optan por no cargarlos o ingresan deliberadamente en áreas sin cobertura para que se active una alerta hacia la víctima y generar miedo e intimidación.
Esta forma de inutilización u obstaculización del funcionamiento de los dispositivos supone un delito de quebrantamiento de condena que se recoge, desde 2015, en el artículo 468.3 del Código Penal.
La responsable técnica del programa Cultivando Igualdad de Fademur, Marta Torres, no duda en calificar como "violencia institucional" las deficiencias del sistema que permiten a los agresores seguir ejerciendo control y maltrato sobre las víctimas.
"El sistema está poniendo en manos de los condenados un nuevo instrumento de maltrato", advierte Torres.
En este sentido, la también técnica de Fademur Sofía Gabasa, señala a Efeminista su preocupación por las valoraciones de riesgo actuales que se hacen sobre una serie de preguntas genéricas que no miden el miedo ni el estado emocional, tampoco incluyen de forma suficiente "la percepción de las mujeres o de su entorno". Esto se traduce, agrega, en una falta de acceso de las mujeres al sistema de pulseras de protección.
"Prácticamente ninguna accede a estos dispositivos", señala. Y en muchos casos, especialmente en las mujeres rurales, se agrava porque no saben que existe o porque no llega la información.
De las 58 mujeres asesinadas por violencia machista a manos de sus parejas o exparejas en 2023, 17 crímenes se produjeron en municipios rurales de menos de 20.000 habitantes, lo que supone casi el 30 % del total.
Problemas estructurales en el mundo rural
Además de los desafíos relacionados con las pulseras de protección, persisten problemas estructurales en la lucha contra la violencia machista en el ámbito rural. La falta de recursos para menores afectados por la violencia, la insuficiencia de transporte público para acceder a servicios y la escasez de información sobre ello son barreras significativas que enfrentan las mujeres en estas áreas remotas.
La falta de recursos se extiende a las hijas e hijos menores de las supervivientes, es decir, "los grandes olvidados" del sistema, advierte la técnica de Fademur Sofía Gabasa.
En todas las encuestas realizadas por la Federación, las profesionales que se dedican a cuidar a las mujeres en el medio rural dicen lo mismo: "no hay servicios para atender a esos menores, ni siquiera una ludoteca o un apoyo psicológico", señala Gabasa.
A su vez, la lejanía de los recursos y el acceso limitado al transporte público complica la situación para las mujeres rurales que buscan ayuda y protección.
"El problema es que en el entorno rural acceder a determinados recursos es mucho más complicado que en una zona urbana. Muchas mujeres no tienen transporte propio para desplazarse a espacios que no están en sus municipios o, incluso, los horarios del transporte publico no son compatibles con los del recurso", explica Torres.
El cuartel más cercano puede estar a 30 kilómetros, ejemplifica, y, además, cuando una mujer acude es muy difícil mantener la confidencialidad y se acaba enterando todo el pueblo o toda la comunidad.
Enfoque de ruralidad
Por ello subrayan la urgencia de garantizar el acceso equitativo a recursos y servicios esenciales, mejorar la eficacia de las medidas de protección e invertir en campañas de sensibilización e información que permita que la información sobre los recursos llegue a las mujeres rurales.
En línea con las conclusiones de un estudio de la federación, las especialistas resaltan la importancia de que las campañas de prevención y sensibilización sobre violencia de género incluyan la perspectiva de "ruralidad" y sean capaces de reflejar la variedad de realidades y factores de vulnerabilidad que enfrentan las mujeres en entornos rurales.
Desde 2003, año en el que comenzaron a contabilizarse los casos en España, 1.245 mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. El 016 atiende a todas las víctimas de violencias machistas las 24 horas del día y en 52 idiomas. También el correo This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. En Whatsapp en el 600000016 y en el chat online desde la página web de la Delegación del Gobierno contra la Violencia Machista.