Por Ricardo Téllez
La conductora Inés Gómez Mont enfrentaría reclusión en un penal de máxima seguridad en Morelos si Estados Unidos concreta su entrega administrativa.
La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene tres órdenes de aprehensión federales contra la presentadora.
Dos corresponden a presunta defraudación fiscal equiparada por más de 13 millones de pesos y una a delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El expediente judicial imputa a Gómez Mont y a su cónyuge, el abogado Víctor Manuel Álvarez Puga, un esquema de triangulación mediante empresas fachada por 2,450 millones de pesos.
El Cefereso 16 es la única prisión federal femenil de máxima seguridad
El marco legal mexicano excluye la posibilidad de que la procesada ingrese a penales locales como el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla en la Ciudad de México. Ese recinto corresponde a delitos del fuero común bajo la administración del gobierno capitalino.
La imputación ministerial a cargo de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) contempla prisión preventiva oficiosa forzosa.
La Ley Nacional de Ejecución Penal estipula que los cargos federales de alta seguridad exigen confinamiento en un Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso).
En el sistema penitenciario mexicano opera un solo penal federal exclusivo para mujeres: el Cefereso Número 16 CPS Femenil Morelos, ubicado en el municipio de Coatlán del Río.
El centro alberga a más de 1,175 internas y dispone de una capacidad diseñada para más de 2,500 reclusas. El complejo funciona bajo un esquema de vigilancia permanente, distribución en módulos de aislamiento y restricciones de visitas familiares
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) documentó que cerca del 40% de la población recluida en ese complejo permanece bajo prisión preventiva sin recibir sentencia definitiva.
La acusación de la FGR involucra contratos del sistema penitenciario
La causa penal iniciada contra la conductora presenta una correlación directa con la institución carcelaria que la recibiría. El desvío de recursos públicos investigado por las autoridades federales se efectuó a través de convenios asignados por el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS).
Esa oficina desconcentrada gestiona y vigila los centros penitenciarios federales del país, incluido el Cefereso 16 de Coatlán del Río.
Las investigaciones señalan que los contratos simulaban servicios de seguridad e infraestructura carcelaria durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Las sanciones contempladas por la legislación federal para delincuencia organizada y lavado de dinero alcanzarían un límite legal punitivo de hasta 60 años de prisión por concurso de delitos, conforme al artículo 25 del Código Penal Federal.
Gómez Mont mantiene el estatus de presunción de inocencia mientras un tribunal federal no determine su responsabilidad en audiencia de juicio.
El protocolo de entrega desde la pista de aterrizaje
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos mantiene a la exconductora bajo custodia en el Broward Transitional Center de Florida desde el 30 de octubre de 2026.
Un juez federal de Florida rechazó el recurso de habeas corpus con el que la defensa intentó frenar su confinamiento.
Si la corte migratoria niega la fijación de una fianza económica, las autoridades estadounidenses ordenarán su deportación inmediata por haber ingresado a ese país sin pasar inspección aduanal en julio de 2021.
La deportación por vía administrativa no requiere el desahogo de un juicio bilateral de extradición. Oficiales de ICE trasladarían a Gómez Mont en un vuelo oficial hacia la Ciudad de México o Toluca.
Al descender de la aeronave en el hangar oficial, agentes de la Policía Federal Ministerial adscritos a Interpol México ejecutarían los tres mandamientos judiciales de captura.
Tras una certificación médica obligatoria en las instalaciones ministeriales, Gómez Mont sería presentada ante un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, en el Estado de México, autoridad que definiría el auto de vinculación a proceso y ordenaría su ingreso al penal de Morelos.
El desenlace penitenciario dependerá de la resolución que emita la corte migratoria de Florida sobre su libertad bajo caución. De concretarse la entrega a territorio mexicano, un juez de control federal determinará la legalidad de la captura y definirá si ratifica la prisión preventiva en el complejo de Morelos mientras se desahoga el juicio.