- El partido acusa un “QRgate”: compra masiva de votos con códigos QR, detención de militantes y violencia instituciona
Por: Itzallana López Castillo
Morena Coahuila presentó formalmente un juicio electoral mediante el cual solicita la nulidad de la elección de las 16 diputaciones locales celebradas en la entidad. El movimiento legal llega una semana después de los comicios del 7 de junio, en los que el PRI se proclamó vencedor en los 16 distritos de mayoría relativa.
De acuerdo con el partido, la impugnación se sustenta en presuntas irregularidades registradas durante la jornada electoral que habrían incidido en el desarrollo del proceso y en la emisión del voto ciudadano. Morena documentó incidencias en 962 casillas, equivalentes al 22.6% del total instalado en el estado.
El “QRgate”: la acusación central
El elemento más llamativo de la impugnación es la denuncia de un esquema tecnológico de compra de votos. Guillermo Santiago, diputado federal y representante de Morena ante el Consejo General del INE, acusó la existencia de una “operación sistemática de compra y coacción del voto” en distintas regiones del estado. Según el legislador, operadores presuntamente vinculados al PRI habrían distribuido códigos QR de manera individual entre ciudadanos para registrar su voto a cambio de una compensación económica.
En el municipio de Frontera, militantes del partido fueron detenidos arbitrariamente tras descubrir una instalación que operaba como centro de pago de votos. En ese mismo operativo, ciudadanos y legisladores lograron presentar ante la FGR a un presunto delincuente electoral que portaba listados y dinero en efectivo.
Las acciones legales que Morena activó
El partido no se limitó al juicio electoral. El paquete de impugnaciones incluye cuatro frentes simultáneos:
FGR: Denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales por compra y coacción del voto.
INE: Queja ante la Unidad Técnica de Fiscalización por presunto rebase de topes de campaña del PRI. “El diputado federal Ricardo Mejía Berdeja presentó el 12 de junio una demanda de juicio político contra el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, y contra el titular de la fiscalía estatal Federico Fernández Montañez, señalando injerencia oficial, represión contra militantes y un esquema de compra del voto que habría alterado la libertad de la jornada.”
UIF: Denuncia ante la Unidad de Inteligencia Financiera para rastrear el origen de los recursos utilizados en la compra de votos mediante códigos QR.
Juicio político: El diputado federal Ricardo Mejía Berdeja presentó el 12 de junio una demanda de juicio político contra el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, y contra el titular de la fiscalía estatal Federico Fernández Montañez, señalando injerencia oficial, represión contra militantes y un esquema de compra del voto que habría alterado la libertad de la jornada.
El PRI defiende su triunfo y el IEPC valida los resultados
Desde el PRI, la respuesta fue contundente. Alejandro Moreno Cárdenas garantizó que su partido se encargaría de defender cada voto y cada acta, porque “Coahuila ya decidió y su decisión se hace valer”.
Mientras tanto, la autoridad electoral local avaló el proceso. El Instituto Electoral de Coahuila validó los cómputos que le dan el triunfo al PRI en los 16 distritos de mayoría relativa, con el 53.66% de los votos —651 mil 86 sufragios— frente al 23.91% de Morena. Los resultados fueron avalados por unanimidad de los consejeros. En compensación, Morena obtuvo cinco diputaciones por representación proporcional.
El fondo del conflicto: la alternancia que no llegó
Las elecciones del 7 de junio eran consideradas un ensayo político de cara al ciclo electoral de 2027. Para este proceso, Morena y el Partido del Trabajo habían concretado una alianza con amplias expectativas de triunfo, con la que buscaban lograr la alternancia en un estado gobernado por el PRI por décadas. La derrota en los 16 distritos convirtió la impugnación en una respuesta política tanto como legal.
“La derrota en los 16 distritos convirtió la impugnación en una respuesta política tanto como legal.”
Hasta el momento, las autoridades electorales no han emitido una resolución sobre las acusaciones presentadas por Morena, mientras el PRI mantiene su postura de que obtuvo una victoria legítima y contundente en las urnas.