María Elena Ríos hoy ya no es solo un nombre, es una mujer y una lucha que hace frente a años de la más grave expresión de la violencia en razón de género, la violencia feminicida.
Gracias a Malena, hoy se reconoce la violencia ácida como una forma de violencia extremadamente grave, y evita que estos casos se castiguen únicamente como lesiones comunes. También ha visibilizado que es una violencia específica que afecta principalmente a las mujeres.
La Ley Malena que lleva su nombre, busca tipificar y sancionar los ataques con ácido y otras sustancias corrosivas, así como el feminicidio en grado de tentativa y ya ha sido aprobada en varias entidades federativas. Entre ellas la Ciudad de México, Baja California, Quintana Roo, Campeche y Colima. También existen reformas o tipificaciones relacionadas con esta Ley en Puebla, Aguascalientes, Estado de México, Hidalgo, Oaxaca y San Luis Potosí.
El reconocimiento del feminicidio en grado de tentativa en determinadas circunstancias, es histórico, como lo es la conquista de derechos para las víctimas, incluyendo acceso a atención médica especializada, cirugías reconstructivas y medidas de reparación del daño.
Sin embargo, en la otra cara de la moneda está la impunidad que ha gozado el presunto autor intelectual de la agresión, así como los perpetradores del ataque. Ante las denuncias de Malena, también se muestra la violencia institucional constante en su proceso. retrasos judiciales, resoluciones controvertidas y presuntas irregularidades que, en su opinión, han favorecido a quienes estuvieron involucrados en la agresión, incluyendo el permiso de que el principal sospechoso fuera trasladado de la cárcel a un hospital privado tras un diagnóstico de “hemorroides y depresión”. A 7 años del ataque y con cambios institucionales en la mitad del país, Malena no ha recibido justicia.
Estas circunstancias revelan otro problema estructural que se suma al de la violencia: en México, denunciar no garantiza el acceso oportuno a la justicia lo que traduce en largas, desgastantes y complejas batallas legales que afectan los recursos de las víctimas que se acumulan sobre los daños que les trajo el incidente de violencia por el que se presentaron a denunciar. Y la situación no para ahí, también hay un foro que juzga en la esfera pública y que llega a ejercer violencia simbólica y comunitaria. Además de enfrentar numerosas cirugías reconstructivas y largos procesos de rehabilitación, Malena debió reconstruir su vida en un entorno marcado por amenazas de muerte, episodios de revictimización, cuestionamientos públicos, discursos que intentaron desacreditar su testimonio e incluso ataques contra su familia.
Hay que decirlo, esta brillante y talentosa activista hoy se reconoce como desplazada, ya que el asedio que ha sufrido tras alzar la voz la forzó a migrar y a dejar parte de lo que ama atrás para seguir dando la cara en esta batalla por la justicia hacia ella, y hacia todas las víctimas de ataques con ácido y/o sustancias corrosivas. Por ello, que el pasado 19 de octubre la Suprema Corte haya determinado atraer su caso por su especial relevancia y trascendencia jurídica y constitucional representa una gran esperanza.
El criterio que adopte la Corte servirá de referencia para todos los tribunales del país en situaciones procesales similares con lo que se favorece la certeza sobre las reglas que rigen el juicio oral, y revisará la validez de la anulación del juicio. Malena, alzó la voz, contó su historia y señaló las carencias del sistema que les impedía alcanzar justicia. Su caso continúa siendo un símbolo de resistencia social y de la persistente impunidad que rodea a muchos delitos cometidos contra las mujeres.