Cada 17 de octubre el mundo conmemora el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, una fecha que nos recuerda que detrás de cada cifra hay historias de vida que reflejan desigualdades persistentes. La pobreza no es solo la falta de ingresos o recursos materiales, sino una negación sistemática de derechos. Se trata de un fenómeno estructural que impide el ejercicio pleno de la libertad, la dignidad y la autonomía de millones de personas, especialmente mujeres y niñas.
En México, los datos del CONEVAL muestran que la pobreza tiene rostro de mujer: más del 44 % de las mujeres viven en condiciones de pobreza, y son ellas quienes enfrentan mayores obstáculos para acceder a la educación, la salud, la seguridad social o el empleo digno. La feminización de la pobreza no es casualidad, sino el resultado de un entramado histórico de desigualdades de género que coloca a las mujeres en desventaja frente al mercado laboral y las labores de cuidado no remunerado.
La pobreza como violencia estructural
Cuando una mujer no puede decidir sobre su cuerpo, cuando una niña deja la escuela para cuidar a sus hermanos, o cuando una madre migrante es excluida de los servicios básicos por su estatus migratorio, estamos ante expresiones de violencia estructural. Esta violencia se sostiene en normas, prácticas y omisiones institucionales que perpetúan la desigualdad. Por eso, erradicar la pobreza no solo exige políticas asistencialistas, sino transformaciones profundas en la distribución del poder y los recursos.
El enfoque de derechos humanos obliga a ver la pobreza como una violación de derechos y no como una condición natural. Bajo este enfoque, el Estado tiene la responsabilidad de garantizar condiciones materiales mínimas para una vida digna, y las políticas públicas deben diseñarse con perspectiva de género e interseccionalidad. No basta con generar programas de apoyo económico: se requiere transformar las estructuras que reproducen la desigualdad, desde el sistema de cuidados hasta las oportunidades laborales y educativas.
La mirada de género y la corresponsabilidad social
La pobreza se agrava cuando el trabajo de cuidados —indispensable para la sostenibilidad de la vida— recae casi exclusivamente en las mujeres. El reconocimiento del derecho al cuidado, recientemente desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, marca un avance histórico: cuidar es un derecho humano que debe ser garantizado por el Estado bajo el principio de corresponsabilidad entre familia, sociedad y gobierno. En este sentido, invertir en sistemas nacionales de cuidados no es un gasto, sino una estrategia de desarrollo y justicia social.
Asimismo, las políticas de erradicación de la pobreza deben incluir la voz de las mujeres que la viven. Ellas conocen mejor que nadie los desafíos de la precariedad y las formas de resistencia que surgen desde las comunidades. Escuchar y reconocer sus saberes es fundamental para diseñar programas que respondan a las realidades locales, y no desde una lógica vertical o centralizada.
Transformar desde la educación y la empatía
Combatir la pobreza también implica transformar mentalidades. La educación en derechos humanos y género juega un papel clave para romper los estigmas que asocian la pobreza con la falta de esfuerzo personal. La pobreza no es una elección, sino el resultado de estructuras económicas desiguales, de políticas que privilegian el crecimiento sobre la redistribución y de culturas que naturalizan la exclusión.
En Zacatecas, el Gobierno del Estado impulsa programas educativos que buscan que ninguna niña o niño quede atrás. Iniciativas como la entrega de mochilas, uniformes y útiles escolares, así como el Programa de Dignificación Escolar, son pasos concretos para garantizar que las y los estudiantes cuenten con las herramientas necesarias para estudiar. Pero más allá de la infraestructura, estos programas representan una apuesta por la equidad, por una educación que abra oportunidades y rompa el ciclo intergeneracional de la pobreza.
Erradicar la pobreza es una tarea colectiva que exige voluntad política, justicia distributiva y empatía social. Significa reconocer que la desigualdad no es inevitable, y que una sociedad más justa solo es posible si colocamos la dignidad humana en el centro de todas las políticas.
En este Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, recordemos que la verdadera transformación comienza cuando entendemos que la pobreza no se combate con caridad, sino con derechos, con igualdad y con la firme convicción de que nadie debe quedarse atrás.