Sin lugar a dudas, ni temor a la equivocación, el costo que trae consigo el tema de la violencia, inseguridad y la delincuencia es enorme tanto para las propias personas que la sufren como para el resto de la sociedad que las observa, conoce y percibe e igualmente para las propias instituciones y en este sentido y solo por poner un ejemplo de los costos, al respecto podemos decir que de cada diez pesos que se le invierten al tema de la seguridad ocho o nueve están destinados al tema de la reacción y el combate a la delincuencia y solo uno y cuando mucho dos están destinados al tema de la prevención, y es precisamente en donde están parte de nuestros grandes problemas en la concepción de la atención a las causas y factores que generan la delincuencia, y seguimos sin cambiar el paradigma de la prevención haciendo lo urgente de lo realmente importante, de lo que se deriva que en muchos estados del orbe parte de las fuerzas de seguridad institucionales son por mucho menores a los efectivos de seguridad privada, es decir que el sector privado e incluso la misma sociedad invierte mucho más en temas de prevención tal como la contratación de elementos de seguridad privada en los fraccionamientos y empresas, sistemas de seguridad de vigilancia, sistemas de alarmas, cerraduras, cercas eléctricas, detectores de movimiento entre otros tantos sistemas de seguridad que en la mayoría de las ocasiones tienen costos bastante elevados, pero que las empresas o personas deciden instalar y contratar por la tentativa de verse despojados de sus bienes o lo que es peor de sufrir daños en su integridad física.
De acuerdo a lo anterior y según el PNUD (2013) propone diversas metodología para analizar los costos de la violencia y el delito como el enfoque contable que se centra en los gastos monetarios directos asociados a la inseguridad como la valoración de las perdidas y los daños asociados a la criminalidad, así como los gastos de contención, atención y prevención, y desde la percepción del Banco Mundial lo anterior permite cuantificar la rentabilidad y eficacia de las intervenciones. Pues según el PNUD los ciudadanos han tenido que cambiar su cotidianidad para evitar ser víctimas del delito, lo que sin duda da como resultado la restricción de distinta manera de sus libertades, dado que la inseguridad genera impactos colectivos, lo que incluso da como resultado que las personas transformen y cambien la manera de como construyen sus vínculos sociales, igualmente se deteriora el espacio público y sin duda se acentúa la desigualdad y la exclusión urbana, pues la victimización y el temor al delito erosionan la confianza de las personas a las instituciones y estimulan en muchos casos el respaldo a medidas represivas que vulneran sus derechos.
En muchos espacios de la sociedad como de las propias instituciones se ha dado un debate académico sobre la seguridad pública y una migración a otros conceptos de atención e intervención, es decir un cambio de paradigma al tema de la seguridad ciudadana en torno a algunos ejes principales como los determinantes institucionales que obstaculizan o favorecen determinadas reformas, asimismo las causas y factores de la violencia y la intervención, seguimiento y evaluación de los instrumentos para medirla y por supuesto la consecuente relación entre la realidad y la percepción de inseguridad frente a las propuestas de una política criminológica adecuada.
Entonces pues para poder dilucidar un poco más sobre las respuestas ante la inseguridad sin duda será indispensable enfocarse en tres dimensiones principales tal como la institucionalidad de las políticas criminológicas, la colaboración de la sociedad y por supuesto la legitimidad de dichas políticas, es decir que estén enmarcadas en el plexo normativo correspondiente y entre algunas de las recomendaciones que da el PNUD desde la perspectiva de los costos asociados a la inseguridad están el atender, proteger y reparar a las víctimas de la inseguridad, asimismo, el adoptar un enfoque de reducción de daños y mitigación de impactos que bajo ninguna circunstancia aumente la vulnerabilidad de las personas y las comunidades, de la misma forma la promoción de espacios inclusivos y seguros, reduciendo la violencia y la delincuencia en los entornos urbanos, aparejado a lo anterior estará la reconstrucción y fortalecimiento del tejido social en las zonas afectadas por la criminalidad, y por ultimo dentro de estas recomendaciones está el combinar el trabajo en los diferentes niveles territoriales atendiendo las tres dimensiones vinculadas al desarrollo humano y comunitario tanto individual, social e institucionales y claro está sin dejar de la mano algunas otras políticas criminológicas que de la misma forma abonen al fin principal que es la reducción de la violencia y la criminalidad.