La política criminológica consiste en todas aquellas estrategias, instrumentos y acciones por parte del Estado tendientes a controlar y prevenir delitos en cuanto a las conductas criminales, para lo cual debe existir voluntad política a través de las instituciones y llevar a cabo programas de prevención del delito y acciones de campo para conocer los fenómenos delictivos y atender el origen y las causas, con el objeto de erradicar y así evitar que ciertos delitos aumenten. Dicho lo anterior advertimos la gran relevancia que reviste el tema de la política criminológica o mejor conocidas de forma más habitual dentro del dominio general como políticas públicas, y que estas son implementadas por el Estado en sus distintos niveles en los múltiples rubros de la vida social, lo que partirá del estricto sentido u orientación que el gobierno en turno le dé a este ejercicio, es decir el sello distintivo que tendrá en el quehacer de gobernar y consecuentemente a cada tema de tal o cual situación donde haya que intervenir el Estado para atender una necesidad en la sociedad, pues los fines del Estado son la base y razón de ser de toda sociedad y del importante servicio que prestan a través de las facultades que la ley les atribuye, lo que conforma el principio de legalidad que va de la mano de la validez, vigencia eficiencia y eficacia, elementos en que se basa el ejercicio de la autoridad.
Entonces pues el fin esencial de la política criminológica debe ser la búsqueda de la extinción de la criminalidad pero aun con esta premisa no deja de ser en muchas ocasiones una mera utopía y en muchas ocasiones hasta un delirio, porque lo más que se ha logrado hacer en casos de éxito es disminuir los índices de violencia y delincuencia dada la premisa que el delito existe, ha existido y existirá a través de los tiempos, porque es consustancial al ser humano, pero no es lo mismo un índice disminuido a altos índices de criminalidad. Y tal como lo hemos asentado en otros esbozos donde damos cuenta que existen distintas causas y factores que producen, facilitan o contribuyen a la realización de conductas delictivas, y es ahí precisamente donde las políticas criminológicas tratan de actuar minimizando o eliminando dichos elementos. A través del tiempo la visión de la prevención se ha transformado donde no solo se recurre menos al sistema de justicia penal con fines disuasivos, sino que hay una marcada tendencia tanto en el discurso político como en los hechos que se han integrado los programas preventivos con la finalidad de reducir los niveles delictivos, aunque la aplicación de la ley sobre todo la penal son una prerrogativa exclusiva del Estado, pero para que dichas políticas criminológicas funcionen de manera más adecuada se hace necesaria la participación activa y proactiva tanto de organismos privados y la sociedad en general, y para que un programa de política criminológica o de prevención sea efectivo es necesario que se tenga una planeación centralizada adecuada y una óptima ejecución descentralizada en la que se tengan dimensiones desde la generalidad de la sociedad en la que se aplicara dicha política criminológica así como la correcta focalización dirigida a grupos o lugares que conjugan factores de riesgo o niveles antisociales y delictivos significativos.
Sin duda ni temor a la equivocación un programa de política criminológica debe llevarse a cabo conforme a los fenómenos y hechos delictivos que surgen en cada sociedad, analizando todas las causas y factores en el campo de la realidad social. Y el Estado debe asumir la responsabilidad en cuanto a investigar y aprovechar lo que las ciencias le ponen a su disposición. Entonces pues la estrategia de la política criminológica de intervención deberá involucrar a distintos actores que actúan de manera directa, por ello se hace necesaria oficiosidad de los expertos en la materia como son los criminólogos, quienes de la mano de otras ciencias interdisciplinarias como la Sociología, la Antropología, el Derecho, la Psicología, la Medicina, trabajadores sociales, entre otras más, así como de promotores comunitarios que tengan presencia significativa dentro de la comunidad. Dicho lo anterior entre las distintas acciones siempre se tiene que considerar el contexto específico de donde se llevara a cabo la intervención, por ello se hace muy necesario sistematizar la implementación mediante acciones coordinadas, de igual forma se tendrá que evaluar el impacto mediante los distintos indicadores que sean aplicables para cada caso en particular, pues lo que no se mide sirve de poco o nada, lo cual sería lo mismo que no hacer nada, seguido de los indicadores consecuentemente generara la documentación necesaria de una evidencia para su evaluación y replicabilidad de los casos de éxito así como la reconducción de indicadores bajos y por ende la mejora continua, y dentro de estos rubros en la fase de toda estrategia de intervención criminológica podemos enunciar el inicio o arranque de la política criminológica (política pública), la vinculación y capacitación para los intervinientes, un diagnóstico documental y situacional, un diagnóstico comunitario, que nos llevara al plan de acción y consecuente implementación, seguido de la evaluación, un puntual registro documental y su replicabilidad en otras comunidades que presenten condiciones similares. Lo antes dicho podrá funcionar si, solo si, se entrelazan varias condicionantes como la misma participación y colaboración proactiva de todos los grupos sociales y por supuesto la voluntad y determinación del mismo Estado.