México ratificó el acuerdo ambiental de Escazú ante las Naciones Unidad (ONU) en un contexto mundial de crisis sanitaria y que será puesto en vigor el próximo 22 de abril, Día de la Tierra. El acuerdo trata sobre el Acceso Público a la Información (las empresas están obligadas a dar la información de sus procesos contaminantes), la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. También se incluye la primera disposición que establece el compromiso de los 24 países firmantes de garantizar un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad.
En su informe 2019, la organización civil Front Line Defenders (FLD), señaló que México es el cuarto país más peligroso para los ambientalistas y defensores de derechos humanos, hace un par de días y a pesar de que el acuerdo de Escazú ya está en vigor, fue asesinado Carlos Marques, activista por el medio ambiente en Guerrero. Tan solo en Latinoamérica, sucedieron más de 200 asesinatos de 304 que registraron. De acuerdo con el informe de FLD, cuatro de los cinco países más peligrosos para ser activista del medio ambiente son parte de América Latina y acumulan el 68% de las agresiones, de los que encabezan la lista, el país con más asesinatos en 2019 fueron Colombia con 106, Filipinas tuvo 43, Honduras registró 31, México y Brasil con 23 cada uno.
La minería y las industrias extractivas están a la cabeza de la conflictividad en todo el mundo, estando presentes en 43 de los 164 asesinatos de defensores. Le siguen la agroindustria (21), el agua y las represas (17), la explotación forestal (13), la caza ilegal (9), la pesca (2) y la energía eólica (1). No obstante, en 55 de los casos no había un vínculo claro con ningún sector. Para evitar el incremento de la criminalización sobre los defensores, Global Witness plantea tres recomendaciones:
1.- Combatir las causas estructurales: “Implica combatir la corrupción y la impunidad, garantizar y respetar los derechos territoriales, defender las salvaguardas ambientales y garantizar el derecho de las comunidades afectadas a dar o negar su consentimiento libre, previo e informado sobre el uso de sus tierras y recursos naturales”.
2.- Apoyar y proteger: “Las empresas y los gobiernos pueden tomar una serie de medidas para reconocer públicamente el importante papel de las personas defensoras, abogar por su protección, proporcionarles las herramientas que necesitan para llevar a cabo su activismo de manera efectiva y garantizar su seguridad cuando están en riesgo”.
3.- Garantizar la rendición de cuentas: “Para prevenir futuras amenazas y disuadir a los posibles agresores, los culpables de los ataques contra personas defensoras deben comparecer ante la justicia; y quienes no las apoyen ni las protejan deben enfrentar consecuencias políticas, financieras y judiciales”.
En México, como en otros países y la región entera, queda mucho por avanzar para una verdadera protección de personas defensoras, así como para el verdadero acceso a la información, participación y acceso a la justicia en materia ambiental, de allí la importancia y la necesidad del Acuerdo. Escazú tiene el potencial de cambiar las reglas del juego, esperamos que nos ayude a volcar la trágica tendencia al alza de asesinatos a defensores y líderes ambientales en las últimas décadas. “Es más urgente que nunca que mostremos solidaridad mundial y salgamos en defensa de los defensores y defensoras ambientales que lo arriesgan todo para proteger a las personas y el planeta”.